Durante el periodo transcurrido entre febrero de 2006 y agosto de 2013, “las marcas hicieron un pacto entre ellas para elevar los precios del mercado automovilístico”, resume brevemente la procuradora Antonia, del despacho Antonia Moñino Procuradores.
Tal y como explica, el papel del procurador se basa en “la figura colaborativa y competente con los órganos jurisdiccionales, que ejerce su labor con profesionalidad, honradez y lealtad en la defensa de los intereses de sus representados”. Antonia Moñino Procuradores es uno de los despachos más modernos y actualizados de la Región de Murcia y trabajan para dar un servicio de representación procesal activo, eficiente, seguro, personalizado y de calidad. La procuradora, lleva más de 5 años estudiando el caso del cártel de camiones, donde se encarga de representar a la empresa IVECO, un proceso algo más complejo que el que ha salido ahora a la luz de los automóviles, además trabaja para bancos, aseguradoras y como partner para otras grandes empresas.
En 2015, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) denunciaba a más de 20 fabricantes de haber comercializado con información confidencial, tratando de controlar el mercado automovilístico de venta y postventa. Las marcas pactaron los precios de los coches, yendo en contra de la Ley de competencia, de manera que se prevé que los precios se incrementaron, dependiendo de la marca y el tipo de vehículo, en más de 2.000 euros. El cártel de coches se posicionó en un lugar estratégico para jugar con la fijación de precios, creando desequilibrio de mercado y encareciendo los productos y servicios.
Durante los 8 años que duró el intercambio de información, reuniones y la fijación de precios, la CNMC identificó más de 20 marcas de fabricantes de automóviles, que realizaron esta práctica a lo largo del tiempo. El cártel afecta a 147 concesionarios españoles que operan con las siguientes marcas automovilísticas: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen y Volvo. Ahora, deben pagar una multa de más de 170 millones de euros.
Los afectados, más de diez millones de clientes que compraron sus vehículos entre los años 2006 y 2013, pueden ahora reclamar el dinero que les corresponde, pudiendo obtener entre 2.000 y 9.000 euros, dependiendo de la clase de coche. Tras la confirmación por el Supremo de los fallos de la Audiencia y sin posibilidad de nuevos recursos por parte de los fabricantes, se abre una nueva vía.
El despacho de abogados de Madrid Cremades&Calvo Sotelo, responsable de hacer saltar la noticia sobre el cártel y que trabajará con la plataforma afectadoscartelcoches.es respaldada por la tecnológica GOWtech, será el encargado de representar a los Afectados por el Cártel de Coches. “Si llevas a muchos afectados, interesa hacer el procedimiento. Cremades&Calvo Sotelo pueden iniciar una reclamación conjunta, con coste cero y llevarse un porcentaje acordado. Una de las cosas más caras son los peritos judiciales, sin peritos no puede haber juicio y el despacho de Cremades&Calvo Sotelo cuenta con unos peritos muy buenos”, opina Moñino. Asimismo, dice “es mejor que los afectados se asocien, porque los costes salen mucho más baratos”.
En el caso de que la cuantía reclamada fuera menor a 2.000 euros, se podría reclamar sin abogado y procurador, pero “es un proceso complejo”. Además, Moñino cuenta que “un caso aislado, para un profesional no va a suponer ganancias”. Cualquier persona física o jurídica puede reclamar, aunque Moñino afirma que “por libre no merece la pena, desde una asociación que te respalde, reclamar es mucho mejor”.
Existen varias plataformas que se han puesto en marcha para emprender demandas en grupo con el objetivo de que el procedimiento salga menos costoso. “La multa ya está impuesta, eso es firme y ahora, las marcas tienen que pagar”. Las posibilidades de obtener una indemnización son muchas y según sentencias que ya han sido impuestas se pueden recibir compensaciones de en torno al 10% del precio de compra. Los afectados solo necesitan presentar sus documentos: factura, titularidad del vehículo, informe pericial, etc. A partir de ahí, la cantidad de las indemnizaciones dependerá el precio del automóvil; se estipula que un comprador puede obtener entre 2.000 y 9.000 euros por vehículo, cantidad que se estima que subieron los precios de ventas por la práctica de la ilegalidad.
A diferencia del caso del cártel de camiones que defiende Antonia Moñino, el proceso judicial del cártel de vehículos es bastante más rápido: “El trámite lleva unos pasos y deben de seguirse; es verdad que el inicio del proceso puede ser un poco más retardado, pero como todos los casos son casi iguales, en torno a 9 meses y 1 año, depende del caso, el proceso puede haber finalizado”. Asimismo, dependiendo del informe pericial, obligatorio para la realización del juicio, las cuantías de las indemnizaciones no suponen un importe fijo porque se debe basar en la cuantificación del daño particular, los plazos dependen de muchos factores.
El objetivo más importante a la hora de interponer una demanda es la obtención de una indemnización económica acorde al daño y perjuicio percibido en virtud de lo establecido en el derecho de reparación.
Los intercambios de información comercial y estratégica sensible entre los fabricantes de automóviles crearon una situación de competencia desleal que acabó encareciendo el mercado del sector automovilístico, incumpliendo la Ley de la oferta y la demanda.